Que santa paciencia... ¡Qué grande!

El Gobierno ha tomado este jueves seis decisiones para dar respuesta al reto independentista en Cataluña: recurrir la Ley del referéndum aprobada por el Parlament ante el Tribunal Constitucional; registrar un incidente de ejecución contra la Ley de ruptura, aún sin aprobar; impugnar los decretos de convocatoria y regulación de la consulta; también el nombramiento de los miembros de la Sindicatura electoral; y solicitar que el Alto Tribunal notifique todas esas decisiones a los miembros del Govern, a todos sus altos cargos, a los 947 alcaldes catalanes y a los medios de comunicación públicos catalanes. A su vez, el Ejecutivo ha escrito a los secretarios de todos los Ayuntamientos de Cataluña para que conozcan todas estas medidas y la impugnación de los acuerdos del Parlamento autonómico y del Govern.

"Se solicita al Tribunal que en esas notificaciones personalizadas se advierta a todos ellos de su deber de impedir o de paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum", ha dicho Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, tras un Consejo de Ministros extraordinario. "La consulta no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación. La democracia responderá con firmeza, aplomo, serenidad y dignidad", ha añadido rodeado de todos los ministros del Gobierno salvo Alfonso Dastis, el titular de Exteriores, en viaje oficial. "Invité al señor Puigdemont a exponer sus demandas en el Congreso para abrir un diálogo sobre las mismas. Nunca quiso hacerlo. Tampoco ha querido negociar ningún otro posible entendimiento que no pasara por la imposición de este referéndum que ningún presidente del Gobierno de España puede aceptar ni negociar", ha seguido Rajoy. Y ha subrayado: "Quiero decirles a los ciudadanos de Cataluña y a los funcionarios que estén tranquilos. Nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La ley les obliga, pero también les protege frente a cualquier arbitrariedad".